El reconocimiento proviene de una recomendación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo pública en enero de 2019, asesorada por el Comité de Expertos en Farmacodependencia, de retirar la planta y sus derivados de la Lista IV de fiscalización, reservada a sustancias “muy peligrosas y sin valor médico alguno o muy limitado” e incluir algunos de sus principios activos, como el THC o el CBD, en la Lista I.

Las listas I y IV

El convenio de 1961 divide los estupefacientes en 4 listas, donde I es en la que están las drogas con mayor valor médico, como la morfina, y IV, las más peligrosas, que requieren un control más estricto y que tienen menor valor terapéutico, como la heroína. El paso del cannabis a la lista I será especialmente relevante para la investigación, que hasta ahora había estado “frenada” por las limitaciones de estar en el grupo de drogas peligrosas y la inseguridad jurídica que provocaba una legislación completamente dispar en cada país. También para las miles de personas para las que el cannabis es la única solución posible a sus problemas de salud. “Ver como la sustancia que a ti te ayuda a llevar mejor tu enfermedad está catalogada en la misma lista que la heroína es emocionalmente brutal”, señala Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. “Nos da mucha esperanza este reconocimiento por parte de la ONU, porque esperamos que suponga un impulso a la investigación, frenada en muchas ocasiones por larguísimos trámites burocráticos y legales. Además, creemos que puede ayudarnos a desbloquear la situación con el actual gobierno, que no reconoce el uso terapéutico del cannabis”, explica Pérez.

España: sí, pero no

Votar a favor hoy en Naciones Unidas puede que no signifique nada en nuestro país. Y es que los intentos que se han llevado a cabo hasta la fecha para tratar de regular la situación han sido fallidos. El último fue en marzo de este año, cuando el PNV planteó al Gobierno en el Congreso la pregunta de cuando tenía pensado acometer la regulación del cannabis para uso médico, como sucedía en el resto de países de nuestro entorno. La respuesta del Gobierno, que no llegó hasta septiembre, fue que no existía la evidencia científica suficiente para hacerlo, y que se trataba de una sustancia muy peligrosa tal y como mostraba la legislación vigente (de 1961). “Los argumentos presentados por el Gobierno estaban obsoletos, desactualizados, igual que la regulación a la que aludieron (la Convención Única de Estupefacientes de 1961). Por eso confiamos en que esta confirmación por parte de la ONU permita avanzar en un debate que afecta a más de 300.000 pacientes en España, que están absolutamente desprotegidos y sin ningún tipo de cobertura jurídica y sanitaria a la hora de poder acceder al tratamiento que mejor les funciona”, declara Carola Pérez.